Principal mecanismos de protección jurídica de las empresas | Informe de Seguridad

El Informe de Seguridad, el verdadero escudo jurídico de las instalaciones clasificadas.

Para nosotros, el Informe de Seguridad de instalaciones clasificadas no es un simple requisito en papel es uno de los principales mecanismos de protección jurídica de la empresa frente al Ministerio del Trabajo y frente a una eventual responsabilidad patronal en Colombia.

El artículo 2.2.4.12.5 del Decreto 1347 de 2021 define este informe como el documento que reúne la información técnica, de gestión, prevención y funcionamiento de la instalación clasificada, incluyendo la identificación de peligros, valoración de riesgos y las medidas de control adoptadas. En otras palabras, deja claro qué riesgos existen, qué hizo la compañía para gestionarlos y por qué esas medidas son razonables.

Desde la perspectiva administrativa, el Informe de Seguridad es la base de la inspección, vigilancia y control del Ministerio del Trabajo.

Cuando el informe no existe, está desactualizado o es meramente formal, el mensaje para la autoridad es evidente: hay un incumplimiento del SG-SST, lo que expone a la empresa a investigaciones, requerimientos, multas e incluso a la suspensión de actividades en las instalaciones clasificadas.

En el escenario judicial, el peso del informe es igual o mayor. Un Informe de Seguridad serio y bien elaborado es prueba de que el empleador actuó con debida diligencia en la identificación y gestión de los riesgos.

Si ocurre un accidente o una enfermedad laboral grave, este documento se convierte en un soporte clave para evitar o mitigar una condena por culpa patronal. Lo contrario no tenerlo o tenerlo mal construido, deja a la empresa prácticamente desprotegida.

Desde Grupo Good, Casas Pardo Suárez y Good Talent acompañamos a las organizaciones en la elaboración, actualización y defensa jurídica del Informe de Seguridad, articulando con el SG-SST y con la operación real de la compañía.

El objetivo es simple y directo, reducir de verdad el riesgo de sanciones administrativas y de condenas judiciales, no solo cumplir con la norma en el papel.